Van 380 personas consignadas

Entre las denuncias más recientes se encuentran las realizadas por probables actos de compra y coacción del voto, presentadas en diferentes partes del país.

De las 380 personas consignadas, que de acuerdo con la Ley podrán enfrentar su proceso en libertad, los jueces de distrito dictaron ya 58sentencias condenatorias desde el 30 de marzo al día de ayer, 29 de junio.

Otras conductas delictivas denunciadas se refieren a actos de alteración de listados nominales o del Padrón del Registro Federal de Electores, la expedición ilícita de credenciales para votar que se penaliza con la pérdida de la libertad de tres a siete años y multa de 70 a 200 días de Salario Mínimo Vigente (SMV).

Se han recibido denuncias por recoger credenciales para votar y solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales, que pueden ser sancionados con seis meses a tres años de prisión y multa de diez a cien días de SMV.

Asimismo, por condicionar la prestación de algún servicio público y el cumplimiento de programas sociales a cambio del voto en favor de un partido político o candidato, conductas sancionables con penas de uno a nueve años de prisión y multa de doscientos y hasta cuatrocientos días de SMV.

Como parte de las acciones de prevención, la FEPADE reforzó la presencia del Ministerio Público en las 15 entidades federativas en las que hay elecciones concurrentes, es decir, donde además de elegir autoridades federales se votará por autoridades locales.

La FEPADE, como ya se informó, desplegó 118 células móviles en diferentes puntos del territorio nacional para recibir denuncias y atenderlas con prontitud; también cuenta con 67 módulos interactivos dispuestos en las principales plazas públicas de las capitales de los estados para dar orientación jurídica a los ciudadanos y recibir denuncias por probables delitos electorales; también trabaja coordinadamente con los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a las 32 delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República.

Este dispositivo se mantiene en coordinación con los 32 enlaces designados por las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas.